El personal de la seccional 2° finalizó ayer el inventario en el desarmadero clandestino de calle San Miguel al 900, tras cuatro días de trabajo. Se secuestraron 47 motos completas y supuestamente robadas, y más 250 motopartes, como tanques, ruedas armadas, cuadros, motores o barrales. El informe fue elevado en el mismo a la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos I para avanzar en la investigación y determinar la titularidad de cada motovehículo.

De igual manera, el caso sacó a la luz la existencia de un sistema ilegal de comercialización de motopartes. En esa línea, el titular de la unidad judicial, Diego López Ávila, advirtió que esta red forma parte del mercado negro y ha sido fomentado no sólo por el robo de rodados, sino también por una significativa demanda.

“El robo de motos lleva al delincuente lograr ganancias si formamos parte de ese mecanismo. Así, el que compra motopartes robadas también delinque”, enfatizó el fiscal.

No pueden terminar de contar los elementos encontrados en el desarmadero

Durante los días de recuento de las elementos incautados, varias personas se acercaron al predio allanado el fin de semana con la intención de adquirir determinadas piezas. Algunos de ellos fueron afectados a la causa judicial. “Un muchacho llegó y buscó al dueño; necesitaba dos ruedas. Contó que no era la primera vez que venía”, expresó Alfredo Díaz, a cargo de la seccional 2°.

El domingo, Díaz encabezó el operativo policial en el galpón ubicado en el barrio El Bosque. Ese día, los efectivos se toparon con un taller mecánico, que habría funcionado como fachada de un desarmadero de motos robadas.

Los pesquisas hicieron hincapié en que el lugar era un nexo entre la delincuencia y los clientes, fuesen motociclistas o mecánicos. “Alguien caía con una moto timada e, inmediatamente, en el depósito se desmantelaba el rodado. Luego, se vendía por partes”, describieron fuentes cercanas al caso. La mayor parte de la actividad se llevaba adelante durante la madrugada.

La Policía identificó al dueño del local con el apodo de “Payo”, quien hasta ayer no se había presentado por la zona y no había sido retenido por la Policía. De todas formas, las mismas fuentes consideraron que “no hay argumentos para justificar la cantidad de motos y elementos que había en el lugar”. “Era casi una sucursal de una empresa grande de venta de motos”, ironizó un vocero judicial.

La hipótesis central es que el supuesto mecánico era muy conocido entre los cometían este tipo de delito y no tenía contacto sólo con una banda, sino con diferentes grupos.

De acuerdo a datos de la causa, el mecanismo consistía en adquirir una moto a bajo precio, desarmar el rodado y vender las motopartes a determinado precio para alcanzar un reembolso mayor a lo gastado. También pudo haber recibido una parte de las operaciones, al igual que el delincuente.

Los responsables de la pesquisa creen que la existencia del depósito de San Miguel al 800 refleja una parte del mercado negro total en la provincia. Sobre todo, al tener en cuenta las estadísticas del Ministerio de Seguridad provincial.

El titular de la cartera gubernamental, Claudio Maley, reconoció tiempo atrás en la Legislatura que se denunciaba el robo de nueve motos por día. Ello llevaba a un promedio de 270 unidades por mes.

En la Policía, además, habían señalado que, dentro del Gran San Miguel, los ataques se registraban con mayor frecuencia en El Manantial, Los Aguirre, El Colmenar, San Andrés, La Aguadita y Tafí Viejo. “Se desarman y se venden las motos por autopartes. Actúan también en el interior porque hay menos controles. Incluso, las ofrecen en cuotas semanales a los jornaleros, con la promesa de entregarles luego los papeles”, había manifestado Francisco Picón, subjefe de la fuerza de Seguridad.

“Los grupos salen al voleo. No los llamaría bandas; son delincuentes que se juntan esporádicamente. Eso hace que las investigaciones sean difíciles. A veces ni se conocen (...) La teoría es que no hay bandas organizadas, pero sí muchos oportunistas. El panorama se complica porque muchas víctimas no hacen la denuncia y, por ende, no hay pedido de secuestro. Debido a esto, no les pueden imputar el encubrimiento”, había asegurado.